Derecho procesal penal,parte del derecho penal en el sentido más amplio de la palabra (junto con el derecho penal sustantivo y el derecho a ejecutar sanciones penales); conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los órganos estatales competentes y otros participantes en el proceso penal a fin de determinar si se ha cometido un delito, quién lo cometió y aplicar al autor la sanción correspondiente prevista en el derecho penal sustantivo. Los derechos procesales modernos también citan la garantía de los derechos de los ciudadanos como una de sus tareas, especialmente que ninguna persona inocente sea condenada (función de garantía). Históricamente, el derecho procesal penal ha evolucionado hacia dos supuestos básicos diferentes. La primera, según la cual el Estado tiene la obligación primordial de encargarse del enjuiciamiento de los autores de delitos penales, porque los delitos penales atentan principalmente contra los intereses de la comunidad social, proceso penal).
El segundo, según el cual el castigo es principalmente el interés de la parte agraviada, según el cual la tarea del Estado es garantizar procedimientos justos (justos), ha dado lugar a procesos penales acusatorios. El enfoque legal comparado del derecho procesal penal moderno muestra una convergencia significativa de las leyes de los estados que históricamente han tenido diferentes tipos de procesos penales: derechos procesales basados en la tradición de los procesos inquisitoriales europeos (continentales) y derechos procesales de los estados con una tradición de derecho consuetudinario y procedimientos contradictorios como en http://registrocivilsansebastian.net
Esto no solo se debió al desarrollo del derecho procesal penal continental europeo, que, siguiendo el Código francés de investigación criminal de Napoleón (Code d’instruction criminelle)de 1808, se desarrolló de un procedimiento inquisitorial a uno mixto (inquisitorial-acusatorio), pero también un desarrollo contemporáneo de la idea de los derechos humanos fundamentales. Instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1950), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención contra la Tortura y Otros Crueles, Tratos o penas inhumanos o degradantes (1984), y algunas otras fuentes del derecho internacional, garantizan ciertos derechos y libertades que deben ser respetados por los ordenamientos jurídicos de los Estados individuales. Entre ellos se encuentran algunos derechos directamente relacionados con el proceso penal: el derecho a la libertad, el derecho a un juicio justo, el derecho a la inviolabilidad del hogar, el derecho a la dignidad de la persona, el derecho a la privacidad de la vida personal y familiar, la privacidad de la comunicación, etc.
Muchos estados han incorporado la protección de los derechos fundamentales en sus constituciones, y algunos han regulado en la constitución la base de ciertas acciones procesales que violan los derechos humanos fundamentales (por ejemplo, privación de libertad, registro de domicilio, derecho a un abogado y otros derechos relacionados con juicio justo). Por eso algunos autores hablan del llamado derecho procesal penal constitucional.
La Constitución de la República de Croacia de 1990, en su forma enmendada, regula el derecho a la libertad y el arresto y la detención, la prohibición de la tortura y otros malos tratos, la igualdad de los ciudadanos ante los tribunales, la presunción de inocencia, el derecho a una justicia juicio, incluido el derecho a un juicio justo. la inviolabilidad del domicilio y las condiciones previas para realizar su registro, el derecho a la dignidad, el honor, la reputación y el derecho a la protección de la vida personal y familiar, y el derecho a la libertad y el secreto de correspondencia y otras formas de comunicación, así como el derecho a la protección y secreto de los datos personales. Además de la Constitución, la principal fuente de derecho procesal penal de rango legal es el Código de Procedimiento Penal de 2008.
El derecho procesal penal también incluye una serie de leyes y estatutos especiales. En muchos estados, existen leyes especiales que rigen una parte particular de los procedimientos penales (por ejemplo, la ley de la prueba), procedimientos penales especiales o asuntos complementarios al derecho procesal penal. Los reglamentos que no regulan el procedimiento penal, pero se refieren a materias complementarias (por ejemplo, reglamentos de policía, tribunales, fiscalía, tratamiento de enfermos mentales) son fuentes secundarias del derecho procesal penal o pertenecen al derecho procesal penal en un sentido más amplio. Asimismo, algunas normas pueden calificarse de mixtas en su contenido porque regulan todo el procedimiento penal especial o parte de él, pero también la materia complementaria. Por lo tanto, en Croacia, los procedimientos penales especiales, así como los asuntos complementarios, están regulados por la Ley de tribunales de menores de 2011,
